Una nueva ley permite a los usuarios generar su propia energía renovable e inyectarla a la red domiciliaria. Los pasos para sumarse a esta propuesta.
Por Denise Destéfano
Foto Gentileza Sursolar
En algunos países desarrollados esta posibilidad ya existe desde hace años, como en Alemania, Portugal y Japón.
En la región también es una realidad: Uruguay, Chile, Brasil y Perú ya la experimentan.
Con esta ley llega a la Argentina la figura del “prosumidor”, es decir una persona que puede ser productora y consumidora a la vez. Antes de su sanción, en nuestro país existían normativas provinciales parecidas a la de la Ley 27.424 en Salta, Misiones, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Neuquén, pero no había una ley nacional.
“La energía renovable siempre fue un tema para pocos. En estos últimos tiempos, la curva de crecimiento de la cultura renovable creció exponencialmente, y eso está bueno. Es un tema muy importante, la gente tiene más interés y cada vez se implementa más”, comenta a Convivimos Fabián Garreta, fundador de Sursolar, una empresa especializada en diseño bioclimático, eficiencia energética y energías renovables que asesora sobre arquitectura
sustentable e instala sistemas de energías renovables, además de dar capacitaciones sobre el tema.
“Tenemos la suerte de contar con la ley y de que ya la hayan reglamentado. Hay mucha gente que quiere su propio generador en la casa, siente que así se está independizando un poco de las prestadoras de servicios”, continúa Garreta, y aclara que “lo que no está muy claro y es una diferencia entre la reglamentación de esta ley y las de los países desarrollados es que acá el beneficio económico es muy exiguo”.
“La ley está más orientada a bajar el consumo de
energía convencional que a poder venderle a la red”.
Fabián Garreta
“En otros lugares del mundo, el pago por la energía que vos inyectás a la red es razonable, digno. Si las prestadoras compran a los mayoristas a costo muy bajo, al usuario particular se la van a comprar a un costo también bajo. La ley está más orientada a bajar el consumo de energía convencional que a poder venderle a la red”, recalca, y aconseja hacer un cálculo preciso de la potencia que uno debe instalar para poder amortizarla.
La nueva ley establece un régimen de fomento para impulsar el desarrollo de instalaciones de generación distribuida con beneficios fiscales para la adquisición y fabricación nacional de instalaciones, y crea un fondo fiduciario público (Fodis) para implementar mecanismos a tal fin.
Sin embargo, para que esta ley pueda ponerse en práctica falta todavía ajustar los protocolos de habilitación y el canal de comunicación con la empresa prestadora de servicios. El objetivo a largo plazo del Gobierno es alcanzar 1000 megavatios de potencia de generación distribuida de fuentes renovables para 2030.
¿CÓMO SE HACE?
Ahora bien, la pregunta que surge después de conocer esta buena iniciativa del Estado es cómo el usuario la pone en práctica. Hay varias opciones para la generación de energía de fuentes renovables: colectores solares, aerogeneradores, biomasa, biogás, entre otras. De todas ellas, la más difundida en nuestro país es la energía solar, producida por los paneles fotovoltaicos, que son fáciles de colocar en diferentes superficies y tienen costos bajos de instalación y mantenimiento en relación con los otros sistemas. Además, presentan la ventaja de que no es complejo medir su rendimiento ni es necesario realizar estudios de prefactibilidad previos. Pero también hay otras opciones dependiendo de la zona geográfica: así como en el norte del país se puede aprovechar el sol, en el sur es posible utilizar el viento, por ejemplo.
Una vez que se elige la tecnología adecuada, hay que ponerse en contacto con la compañía de electricidad para seguir los siguientes pasos:
- Presentar el proyecto a la empresa.
- La empresa realiza un análisis de viabilidad de conexión en función de la red de distribución y las características de los equipos de generación distribuida que se deseen instalar.
- Se firma un contrato de generación eléctrica distribuida.
- Se instala un equipo de medición bidireccional, que debe estar homologado por la autoridad competente.
- Se habilita la conexión, y la autoridad de aplicación –que es la Secretaría de Gobierno de Energía, dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación– emite un certificado que documenta el cumplimiento de los requisitos pautados y la fecha de conexión.
En relación con la facturación, la ley propone un sistema de balance neto, donde no hay intercambio de dinero. La energía generada inyectada a la red en un mes se compensará en la siguiente factura, descontándola del total que hay que pagar.
CRITERIO SUSTENTABLE
“Hay algo que está por delante de todo esto y de lo que nunca se habla: el uso eficiente de la energía”, señala Garreta, y agrega: “Vos podés hacer tu instalación fotovoltaica conectada a red, pero si tu consumo es ineficiente, es poco el beneficio que vas a lograr. Si hacés que tu casa o tu empresa consuman eficientemente, ya ahí vas a tener un ahorro muy grande y se va a notar más la eficiencia energética en la tarifa que si ponés una instalación fotovoltaica”.
La generación de energía limpia es un paso hacia la autosustentabilidad que debe estar acompañado de otras muchas medidas, o mejor, de un estilo de vida que tienda a la reducción al mínimo de la huella de carbono. Si se empieza a utilizar energía renovable como una manera de reducir el consumo de energía convencional, es dable pensar
que los artefactos que uno elige para tener en el hogar son de alta eficiencia y que la casa misma es de bajo consumo en otros aspectos: una orientación adecuada, con una correcta ventilación que exija mínima climatización y hábitos que sigan un criterio de sustentabilidad. Con esta ley, la Argentina está dando un paso más en ese sentido.
EL DESACIERTO ESPAÑOL
Lo que para nosotros es una novedad para otros países es historia conocida. Pero el camino no fue fácil.
En España, durante 2011 el autoconsumo fue impulsado con tarifas atractivas. La oferta de los prosumidores, entonces, se incrementó rápidamente, y con el tiempo el Gobierno debió reconocer que no podía pagar más. En 2015 decidió suprimir los incentivos para nuevas instalaciones y crear cargos que desalientan el uso de estos equipos. Quienes habían apostado sus ahorros a este proyecto se vieron perjudicados.
