Una gran alegría causó la reciente reglamentación de una ley sanitaria en la Argentina. Aunque se festejó solo en la comunidad médica, no entre la población general.
El 1 de setiembre entró en vigencia la Ley 27.680 de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, probado recurso para enfrentar lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara como una de las diez principales amenazas a la salud pública global.
En su texto central propone “fomentar el uso responsable de antimicrobianos y regular cuestiones referidas al expendio y uso de estos medicamentos, tanto en salud humana como animal”.
Aquí conviene citar a la escritora y política Natalia Ginsburg, quien advertía que “Una ley no tiene el poder de mejorar la sociedad, pero sí de quitar los obstáculos que impiden mejorarla”.
En tal sentido, el principal obstáculo para mejorar la salud es el desconocimiento popular sobre la magnitud del problema.
La resistencia bacteriana es un proceso natural por el cual los microorganismos (principalmente bacterias, pero también hongos, parásitos y virus) reconocen principios activos de las drogas y crean mecanismos de autoprotección.
Si bien la resistencia ocurre por modificaciones genéticas, el uso indebido y excesivo de los antimicrobianos es el principal activador de la aparición de patógenos farmacorresistentes, a través del consumo sin indicación acorde a un verdadero trastorno infeccioso, al uso por tiempos no adecuados, al cálculo de dosis incorrectas y a la facilidad de adquirir productos sin receta.
“Se trata de evitar una severa amenaza mundial”.
Tales falencias podrían ser corregidas con esta ley.
A nivel individual, el inconveniente de que un antibiótico no actúe podría saldarse cambiando por otro. No obstante, la masiva propagación mundial de las denominadas “superbacterias” (multi- y panresistentes) va quitando alternativas de tratamiento en infecciones simples como las urinarias, las respiratorias o las dérmicas.
El panorama se agrava con el agotamiento de la línea de desarrollo clínico de nuevos antimicrobianos.
En 2019, la OMS determinó que había “32 antibióticos en fase de desarrollo clínico capaces de combatir patógenos prioritarios, y solo 6 clasificaban como innovadores”.
Con las “superbacterias” alrededor y sin nuevos antibióticos, el problema se agiganta en las comunidades.
Grandes poblaciones podrían quedar expuestas a infecciones que, hasta el momento, estaban controladas (tuberculosis, parasitosis, infecciones por hongos). Sin respuesta a los esquemas clásicos, se originarían epidemias incontrolables.
Más aún, quedarían sin protección infecciones que deriven de intervenciones médicas y quirúrgicas (cesáreas, implantes de prótesis, radio y quimioterapia, trasplante de órganos).
Pero la ley solo regula; para que la ley resulte eficaz, la responsabilidad es de todos. De profesionales que prescriban antibióticos con certeza y de ciudadanos informados.
Se trata de evitar una severa amenaza mundial mediante la limitación de tratamientos a solo los prescriptos con respaldo diagnóstico, evitando automedicarse por semejanza y, particularmente, abandonando el hábito de dar “antibióticos por las dudas”.
