Numerosos países cuentan con políticas de inclusión dirigidas a niños y adolescentes. Los modelos exitosos y la realidad argentina. Además, la opinión de los especialistas y de Unicef.
Por Yamila Garab
Ilustraciones Martín Morón
A propósito de esto, el abogado Atilio Álvarez –expresidente del Consejo Nacional del Menor y la Familia, y actual defensor público de menores e incapaces de la ciudad de Buenos Aires– dice valorar la utilidad de la AUH como un “piso de contención para los niños cuyos padres no tienen trabajo”, pero advierte también que una mirada “universal” por parte de las autoridades “tiene el efecto no deseado de borrar las particularidades de cada caso, y por eso no garantiza que se actúe de manera focalizada sobre la diversidad de los factores de riesgo”.
De hecho, su propia experiencia cotidiana como defensor de chicos y adolescentes en procesos penales lo enfrenta a muy variadas situaciones de vulnerabilidad: “Vemos a hijos de madres discapacitadas o de padres con problemas de delincuencia, y toda una infinidad de casos en que los niños crecen a la buena de Dios, apenas con algún alivio en lo económico, pero sin políticas de inclusión que mejoren su realidad cotidiana ni los contengan”, asegura Álvarez.
También la socióloga Ianina Tuñón, coordinadora e investigadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia en la Universidad Católica Argentina (UCA) –cuyas mediciones se convirtieron en una referencia ineludible–, propone incorporar a cualquier análisis las innumerables aristas que presenta el problema de la inclusión infantil. Por eso, sus informes parten de “una definición multidimensional de la problemática” que no se limita a fijar la suma de dinero necesaria para ser pobre o no, sino que contempla variables como el derecho a la alimentación, el saneamiento, la vivienda digna, la atención de la salud, la estimulación temprana y la educación de los 4 a los 17 años, entre otras.
Tuñón menciona como un caso exitoso el programa Chile Crece Contigo, que se implementa desde hace una década en el país vecino y está destinado a niños en sus primeros mil días de vida (algo más de dos años y medio). De él destaca, sobre todo, el esfuerzo por “capacitar a los padres, a quienes se les enseñan herramientas de estimulación emocional e intelectual a través de cartillas y videos explicativos para que puedan ponerlas en práctica en el hogar”. A su vez, las autoridades sanitarias se encargan de controlar variables ligadas a la salud y al desarrollo, como la talla o el peso, y todo se complementa con visitas periódicas a hogares, provisión de medicamentos y otras estrategias inclusivas. Tuñón asegura que de esta forma se lograron “avances importantes en la disminución de la mortalidad infantil”.
Otro bastión del programa chileno, en opinión de la experta de la UCA, es la entrega de un ajuar completo para el bebé, con una cuna grande como para que dure varios años, mudas de ropa, artículos de aseo, una mochila maternal, juguetes para la estimulación cognitiva y libros de cuentos, entre otros elementos. “Lo fundamental para que este tipo de acciones tengan éxito es que se sostengan en el tiempo y que haya un monitoreo constante de sus resultados, para así poder corregirlas y perfeccionarlas”, agrega.
Este último es también el caso de la política de “hambre cero” que se lleva adelante en Brasil desde hace una década y media, y que incluye más de 30 planes nacionales que alcanzan a todo el país y a todas las edades. Entre ellos, el de Alimentación Escolar está orientado específicamente a garantizar los nutrientes necesarios a los alumnos del nivel preescolar y la escuela primaria pública. De acuerdo con las cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), en la actualidad unos 45 millones de niños brasileños comen en la escuela gracias a él. Incluso existe la iniciativa de complementarlo con la compra de alimentos a pequeños productores locales, los cuales a su vez reciben créditos especiales para generar un círculo económico virtuoso.
El modelo brasileño contempla también la atención a la necesidad económica más acuciante a través del plan Bolsa Familia, que consiste en una asignación directa a las familias carenciadas, comparable a la AUH, pero con la particularidad –o la diferencia– de que la entrega del dinero está condicionada estrictamente a la asistencia de los niños a la escuela y a controles periódicos de salud. Según las últimas cifras oficiales, estos subsidios alcanzan a once millones de familias necesitadas del Brasil: alrededor de 45 millones de personas, equivalentes a la cuarta parte de la población del país. El monto que recibe cada grupo familiar se actualiza periódicamente y hoy se estima en 30 dólares mensuales.
SOCIEDAD
Desde Montevideo, la médica uruguaya Alicia Canetti, profesora agregada de la Facultad de Medicina estatal y responsable del Centro Interdisciplinario de la Infancia y Pobreza, argumenta que en la primera infancia “se estructuran las características físicas y psicológicas y las futuras habilidades sociales del individuo, y por lo tanto es una etapa crucial para el desarrollo del sistema nervioso y de un psiquismo que permita interactuar con la realidad en la que se está inmerso”. En el contexto de una población infinitamente más pequeña que la brasileña o la de Argentina, esta convicción la llevó a desarrollar –en equipo– el Sistema Integral de Monitoreo del Crecimiento, Desarrollo y Bienestar Infantil, para el seguimiento de variables que van desde el crecimiento corporal hasta el ambiente familiar y las prácticas de crianza.
Canetti explica que, si bien el protocolo no fue adoptado en su totalidad por las autoridades sanitarias de su país, varias de sus propuestas interesaron y ya se están implementando. “Lo tomamos como un avance en la transferencia de conocimientos de la academia a la administración pública”, asegura, acostumbrada a trabajar en la intersección entre el saber científico y las políticas públicas.
En tanto, en nuestro país, según sostiene Atilio Álvarez, existe una infraestructura sanitaria que podría tranquilamente servir para llevar adelante una política eficiente en materia de inclusión de la infancia: “El 98 por ciento de nuestros chicos nace en hospitales, a diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos donde es común el parto domiciliario”, explica. Agrega que ese primer registro de la existencia de un bebé “debería ser aprovechado para detectar todas las variables de salud, por ejemplo, algún problema congénito, pero también datos sociales y ambientales, como la composición de la familia y su contexto laboral, el tipo de casa y la situación sanitaria del barrio, entre muchos otros”.
Esto significa, en su opinión, que desde ese primer momento “se podría contar con un conocimiento perfecto de las necesidades que ese recién nacido va a tener durante su infancia”. De todas formas, advierte que lo ideal sería “recabar toda esa información antes del nacimiento, a través de los controles que debieran hacerse a las futuras madres”; pero admite que estas llegan al hospital recién para dar a luz y que no existe una política pública al respecto.
Otra instancia que posibilita el encuentro del niño en riesgo de exclusión y el Estado, según Álvarez, es la escolaridad: “La misma situación de riesgo que ya se podría haber detectado en el momento del nacimiento vuelve a aparecer en la escuela, por eso es importante que los establecimientos educativos cuenten con un equipo especial de trabajadores sociales. No basta con enseñar la regla de tres simple: se necesita una visión muy parecida a la que tenían los viejos maestros rurales”, opina.
A su vez, la especialista en Educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Argentina, Cora Steinberg, asegura que, en nuestro país, de cada diez adolescentes solo siete empiezan el colegio secundario y apenas cinco lo terminan. “Muchos abandonan porque tienen que trabajar o cuidar a hermanos menores mientras trabajan los padres. Pero también los expulsa nuestro modelo educativo completamente obsoleto, que se basa en recitar lecciones de memoria en lugar de focalizarse en situaciones auténticas”, explica. Agrega que Unicef Argentina está trabajando en proyectos para reformar la enseñanza media, de modo que se oriente a “plantear tareas basadas en la resolución de problemas reales”, y que ya se realizaron pruebas piloto en algunas provincias como Tucumán.
La otra gran deuda pendiente, según Steinberg, es “garantizar la oferta educativa en el nivel inicial para todos los chicos hasta los cinco años”. Cuenta que la asistencia a la sala de tres años aumentó en los grandes centros urbanos, pero advierte que subsisten “grandes disparidades entre provincias o regiones, como de hecho ocurre en toda América Latina”. En su opinión, el jardín de infantes en nuestro país debería evolucionar, por un lado, hacia “propuestas basadas en lo lúdico para desarrollar facultades cognitivas”, pero también hacia “un modelo de establecimiento educativo en el que se facilite además el acceso a la salud y a otros servicios básicos”.
Es decir, hacia una política inclusiva.
LOS CHICOS Y SUS DERECHOS
Los derechos de los niños y adolescentes se encuentran contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y fueron reconocidos en la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de 2005. En ambas normas se reconoce el derecho de los menores a ser escuchados y a que su opinión sea tenida en cuenta en las decisiones que los involucran. Sin embargo, todavía está pendiente la designación del defensor oficial de niños, niñas y adolescentes, según estipula la ley.
A su vez, el nuevo Código Civil y Comercial de 2015 plantea que, si bien los niños ejercen sus derechos a través de sus representantes legales (padres, madres, tutores), pueden ejercer por sí los actos que les son permitidos si tienen la edad y la madurez suficientes. Esto incluye los llamados derechos personalísimos, como la dignidad, la libertad, la integridad física, la intimidad, el honor u honra y reputación, así como también la imagen, la identidad y el cuidado del propio cuerpo.
LOS MÁS FELICES DEL MUNDO
El último ranking de bienestar infantil que elabora Unicef, basado exclusivamente en los niños y adolescentes de hasta 17 años que viven en los 29 países más desarrollados del planeta, ubicó a los Países Bajos (Holanda) en el primer lugar. Los diez primeros lugares se completan con Noruega, Islandia, Finlandia, Suecia, Alemania, Luxemburgo, Suiza, Bélgica e Irlanda, en ese orden.
Lejos de los primeros diez, Estados Unidos ocupa el puesto 26, debajo también de Canadá (17º). Ambos son los únicos países americanos medidos.
La encuesta evaluó cinco rubros: bienestar material y económico (medido en relación con los estándares de cada país), hábitos saludables (lo opuesto a conductas de riesgo), educación, salud y vivienda y hábitat. Cabe destacar que en cada rubro se evaluaron ítems como el fracaso escolar, la tasa de suicidios, el alcoholismo y el tabaquismo, que muchas veces afectan a la población joven de los países más prósperos.
